El abuso de los derechos. Por Manuel Atienza*

Oigo en la radio una tertulia a propósito de una reglamentación de la Universidad de Sevilla que establece que al estudiante que se le sorprenda copiando en un examen, el profesor debe dejarle terminar y someter luego los hechos a la consideración de una comisión formada por tres profesores y tres estudiantes. Además del periodista anfitrión, participan en el programa tres tertulianos, todos ellos profesores de universidad. El primero en intervenir, de ideología izquierdista, no ve en la medida nada criticable; lo único reprochable, si acaso, sería la torpeza mediática de las autoridades de esa universidad, que no habrían sabido explicar bien las cosas a la opinión pública. El segundo, que además de izquierdista es un militante destacado de un partido nacionalista, va más allá y justifica la medida porque (y esto lo dice en un tono jocoso) “así como un prisionero tiene el ‘derecho’ a intentar fugarse de la cárcel, un estudiante lo tendría a intentar copiar en un examen”. Finalmente, el tercero, bastante de derechas y al que le cuadraría el calificativo de “neocon”, sostiene, de manera enfática, que se trata de un verdadero “despropósito”, de una norma incompatible con la idea de una universidad sensatamente gobernada.
Soy un oyente bastante asiduo del programa, y creo que es la primera vez que coincido con la opinión de este tercer tertuliano. Pero no -me parece- porque yo me haya vuelto repentinamente de derechas, sino más bien porque tengo la desagradable impresión de que en este país bastante gente (y seguramente no sólo de izquierdas) ha dejado de pensar con sentido común a propósito de la universidad y, en general, de la educación. Veamos.
Ante el “escándalo” surgido con la noticia, el Rector de esa universidad declaró que se volvería a redactar ese punto para que no se pudiera deducir del artículo que “aprueban los alumnos que copian”. Y lo que, sin mucho esfuerzo, se puede deducir de esas declaraciones es que incurren en una conocida falacia, la ignoratio elenchi: pues lo que realmente estaba en cuestión no era eso (que los estudiantes tuvieran el “derecho” a copiar), sino la justificación de la norma antes mencionada. La gravedad del caso estriba en la concepción de fondo de la universidad y de la educación en general que la normativa en cuestión refleja: la reducción de la relación educativa a términos puramente jurídicos, como una relación entre quienes detentan un poder (los profesores) y los sometidos al mismo (los estudiantes), de donde deriva la necesidad de proteger a estos últimos con una serie de “derechos”; de ahí la broma de nuestro nacionalista, consistente, podríamos decir, en saltar del plano del Derecho administrativo al del Derecho penal o penitenciario, de los derechos de los consumidores a los derechos de los reclusos. Por lo demás, el afán reglamentista es tal que la normativa referida a la evaluación y calificación de las asignaturas se extiende a lo largo de unos cuarenta artículos: algunos tan curiosos como el 6.3, de acuerdo con el cual, la asistencia a las clases teóricas podrán contar de manera positiva en la calificación final, mientras que las faltas de asistencia no podrán hacerlo negativamente.
Pues bien, esa exacerbada juridificación de la relación entre profesor y estudiantes implica, en mi opinión, incurrir en un serio error. Bobbio calificó en una ocasión a nuestro tiempo como la “era de los derechos”. Lo que quería decir con ello es que, a partir de la modernidad, la relación entre los gobernantes y los gobernados pasó a considerarse desde el punto de vista de estos últimos, desde abajo, desde los individuos; ello trajo consigo toda una “revolución copernicana” que se plasmó en la idea de los derechos humanos. Naturalmente, esa nueva perspectiva debe ser bienvenida (frente a la antigua, en la que prevalecía el punto de vista del gobernante, de la sociedad entendida como un todo, etc.), pero siempre y cuando la refiramos a las relaciones de poder, de poder en términos estrictos; el sentido de los derechos humanos –de la cultura de los derechos- es precisamente el de marcar límites, establecer exigencias frente al poder.
Ahora bien, aunque el Derecho –y los derechos- se extiendan hoy por todos los ámbitos de la vida, en algunos de ellos (como el de las transacciones financieras o, en su inmensa mayoría, el de las relaciones laborales), la regulación jurídica juega un papel esencial, mientras que en otros (como el de la familia, la escuela o la universidad), el Derecho sólo cumple –o debería cumplir- un papel secundario; la relación educativa debería estar regulada esencialmente por los valores de confianza y de lealtad y no por medidas reglamentarias, altamente burocratizadas, como las implantadas por la Universidad de Sevilla (y seguramente también por otras universidades españolas). Cuando no es así, la relación educativa como tal está amenazada.
Por lo que a mí respecta, y dada mi condición de profesor, lamentaría mucho saber que los estudiantes ven en mí a alguien dotado de un poder (el de calificarles) del que deben protegerse, más bien que a alguien con la capacidad y la vocación de enseñarles algo. Y confío, al mismo tiempo, en mantener la lucidez suficiente como para renunciar al ejercicio de la docencia el día en que vea a los estudiantes como consumidores de servicios docentes.

*Manuel Atienza es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante.