La normativa de exámenes aprobada en la Universidad de Sevilla no es sino la última consecuencia de un proceso que empezó hace ya bastante tiempo en las universidades españolas. Hay que remontarse a una sesión del Congreso de los Diputados donde el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, exigía al presidente del Gobierno negociar con los rectores la correspondiente Ley de Universidades. Éstos llevaban una campaña contra la citada ley que incluso supuso el cierre de la Universidad de Sevilla por el consejo de gobierno a propuesta del rector y su equipo de gobierno.
Una vez que en 2004 Zapatero alcanzó la Presidencia del Gobierno, los sucesivos ministros de Educación o han sido elegidos por los rectores o ha sido necesaria su anuencia (llegando incluso a nombrar al mismísimo presidente de la Conferencia de Rectores). Los rectores, y lo que representan, han creado las condiciones necesarias que culminan en la famosa normativa. No olvidemos que la última reforma educativa permitió a los rectores modificar su propio sistema de elección. Y, obviamente, el resultado fue un sistema que les permitiera un mayor control sobre la misma: de la participación de la comunidad universitaria en su totalidad se podía pasar a la elección indirecta a través del claustro. En la Universidad de Sevilla estas modificaciones legales fueron aprovechadas por el entonces rector para saltarse la limitación de mandatos que establecía la ley poniendo el contador a cero, lo que le permitió mantenerse en el cargo más de los ocho años preceptivos.
La Constitución concede autonomía a las universidades, lo que últimamente se ha traducido en independencia respecto de quien pone realmente los fondos para que éstas sobrevivan. En la práctica, las administraciones ponen el dinero y dan las gracias. La situación actual es similar a la de una empresa en la que los trabajadores y usuarios eligen al gerente sin que los dueños que ponen el dinero puedan opinar. Los rectores, por lo tanto, no persiguen el interés general, sino sus propios intereses y los de los que los eligen. Y los estudiantes, por poca representatividad que tengan, tienen un poder inimaginable en las universidades: sus votos son vitales para la elección del rector. Por puro instinto de supervivencia en el cargo, es de esperar que los rectores pongan en manos de los que los eligen las decisiones que les incumben, independientemente de si conviene a la buena marcha de la institución.
De lo anterior se entiende que sólo haya derechos de los alumnos en la normativa de los exámenes, Así si resulta escandaloso que no se castigue inmediatamente al alumno que copie en un examen, más lo es que un alumno pueda elegir si su profesor o una comisión lo evalúen. Y aún más que incluso pueda recusar a los miembros de esa comisión.
Pero la promoción del profesorado también muestra prerrogativas sorprendentes, ya que tiene más relevancia la ocupación de un cargo académico que las publicaciones científicas de un candidato a la hora de ser acreditado para aspirar a una plaza de catedrático de universidad. Estos acreditados, en la Universidad de Sevilla son los que proponen a todos los miembros del tribunal que ha de juzgar la plaza e incluso pueden en esta propuesta incluir a profesores de áreas de conocimiento diferentes a la de la convocatoria: tribunales a la carta sin restringir siquiera que los jueces sepan de la disciplina. Es lo que se puede denominar la endogamia perfecta.
Lo más importante de esta situación es que el ciudadano debe ser consciente de que las universidades públicas están financiadas casi en su totalidad con el dinero de nuestros impuestos. La de Sevilla, con un presupuesto de casi 500 millones de euros al año, recibe de los impuestos que pagamos al Estado más de 400.
Una universidad que se preocupa más en garantías burocráticas que en los propios valores imperantes en la institución es una universidad con cimientos débiles y pocas posibilidades de convertirse en centro de excelencia.
*Luis F. Rull es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla
Una vez que en 2004 Zapatero alcanzó la Presidencia del Gobierno, los sucesivos ministros de Educación o han sido elegidos por los rectores o ha sido necesaria su anuencia (llegando incluso a nombrar al mismísimo presidente de la Conferencia de Rectores). Los rectores, y lo que representan, han creado las condiciones necesarias que culminan en la famosa normativa. No olvidemos que la última reforma educativa permitió a los rectores modificar su propio sistema de elección. Y, obviamente, el resultado fue un sistema que les permitiera un mayor control sobre la misma: de la participación de la comunidad universitaria en su totalidad se podía pasar a la elección indirecta a través del claustro. En la Universidad de Sevilla estas modificaciones legales fueron aprovechadas por el entonces rector para saltarse la limitación de mandatos que establecía la ley poniendo el contador a cero, lo que le permitió mantenerse en el cargo más de los ocho años preceptivos.
La Constitución concede autonomía a las universidades, lo que últimamente se ha traducido en independencia respecto de quien pone realmente los fondos para que éstas sobrevivan. En la práctica, las administraciones ponen el dinero y dan las gracias. La situación actual es similar a la de una empresa en la que los trabajadores y usuarios eligen al gerente sin que los dueños que ponen el dinero puedan opinar. Los rectores, por lo tanto, no persiguen el interés general, sino sus propios intereses y los de los que los eligen. Y los estudiantes, por poca representatividad que tengan, tienen un poder inimaginable en las universidades: sus votos son vitales para la elección del rector. Por puro instinto de supervivencia en el cargo, es de esperar que los rectores pongan en manos de los que los eligen las decisiones que les incumben, independientemente de si conviene a la buena marcha de la institución.
De lo anterior se entiende que sólo haya derechos de los alumnos en la normativa de los exámenes, Así si resulta escandaloso que no se castigue inmediatamente al alumno que copie en un examen, más lo es que un alumno pueda elegir si su profesor o una comisión lo evalúen. Y aún más que incluso pueda recusar a los miembros de esa comisión.
Pero la promoción del profesorado también muestra prerrogativas sorprendentes, ya que tiene más relevancia la ocupación de un cargo académico que las publicaciones científicas de un candidato a la hora de ser acreditado para aspirar a una plaza de catedrático de universidad. Estos acreditados, en la Universidad de Sevilla son los que proponen a todos los miembros del tribunal que ha de juzgar la plaza e incluso pueden en esta propuesta incluir a profesores de áreas de conocimiento diferentes a la de la convocatoria: tribunales a la carta sin restringir siquiera que los jueces sepan de la disciplina. Es lo que se puede denominar la endogamia perfecta.
Lo más importante de esta situación es que el ciudadano debe ser consciente de que las universidades públicas están financiadas casi en su totalidad con el dinero de nuestros impuestos. La de Sevilla, con un presupuesto de casi 500 millones de euros al año, recibe de los impuestos que pagamos al Estado más de 400.
Una universidad que se preocupa más en garantías burocráticas que en los propios valores imperantes en la institución es una universidad con cimientos débiles y pocas posibilidades de convertirse en centro de excelencia.
*Luis F. Rull es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla
(Publicado en El Mundo de Andalucía el pasado 25 de enero y remitido amablemente por el autor para su reproducción en FANECA)
Querido Luis:
ResponderEliminarDe cajón. Abrazos. Miguel.
Querido Miguel, hoy nos ha sorpendido el suplemento Campus de El Mundo con algo que me parece insólito. Después de treinta años parece que han descubierto el origen de los males de la universidad española.
ResponderEliminarUn abrazo
Luis