Los abogados que vienen. Entre la ANECA y Bolonia*. Por Mariano Yzquierdo Tolsada**

La anécdota la he manejado en varias ocasiones, y también me sirvió para comenzar una tribuna en este periódico hace meses. «Las carreteras no están mal, la gente es inteligentísima, e incluso hay intelectuales interesantes, cosa sorprendente, pues no he visto nada más lamentable que el sistema educativo español». Y esto lo decía Willhem von Humboldt a fines del siglo XVIII, en una carta dirigida a su hermano Alejandro con ocasión de un viaje por España. Vuelvo de nuevo sobre el particular, después de comprobar cómo avanzan las fechorías y malas maneras de la dichosa Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y después de ver cómo esa estupidez del denominado plan Bolonia -probablemente tan necesario en muchas áreas del saber como deleznable si se trata de aplicar a los estudios de Derecho- ya no hay quien la pare.

Alguna virtud había de tener el ya no tan nuevo sistema de acceso a las condiciones de Catedrático y Profesor Titular de Universidad. Conozco profesores de valía incuestionable que, hastiados de aquel sistema en el que no tenía hueco quien no tenía presencia en alguna “escuela”, "camarilla" o "sensibilidad" académica (que cada lector utilice el sustantivo que más convenga a cada caso), terminaron abandonando su vocación y al alma mater para dedicarse a la judicatura, la abogacía o a otras actividades. El sistema ANECA está permitiendo, es verdad, que algún magnífico jurista consiga lo que nunca le habría permitido el sistema anterior.

Pero también está sucediendo con una frecuencia inusitada que siguen quedando fuera, condenados al ostracismo, penalistas valiosos, internacionalistas reconocidos unánimente por sus colegas, tributaristas afamados o civilistas cuya obra científica ha contribuido decisivamente a que el Tribunal Supremo unifique criterios en materias tradicionalmente controvertidas. Han tenido la mala suerte unos y otros de caer en manos de evaluadores ajenos a su área de conocimiento. Yo reconozco que si fuera uno de los evaluadores, mi vergüenza torera me llevaría a rechazar la labor evaluadora de un candidato que no fuese de Derecho civil. Pero es que sé de filósofos o historiadores que, sin ser también Licenciados en Derecho, han tenido que evaluar a algún profesor de Derecho penal o de Derecho civil, y no les ha temblado el pulso. Y por eso, con una ironía que casi linda con el sarcasmo, la Agencia denomina “expertos" a todo su panel de evaluadores. El sistema le gusta mucho al Ministro Gabilondo, que como Catedrático de Metafísica, ve con muy buenos ojos que cualquiera pueda evaluar "el ser” de los demás.

Y es que, al fin y al cabo, el evaluador no tiene que dominar la materia que evalúa, porque eso sería demasiado caro y complejo, y obligaría a que los llamados expertos no se ocuparan de otra cosa durante su mandato que de examinar con rigor la calidad científica de la obra de los evaluados. Y entonces es mejor que se dediquen a poner y quitar aspas en las casillas, importando más que el candidato tenga cinco trabajitos de medio pelo publicados en cinco revistas que un único estudio extraordinario. Importando poco que quien quiere ser Catedrático sea conocido y apreciado por sus magníficas clases: cuenta más que haya recibido cursillos de innovación docente, de Power Point o de campus virtual. Que a nadie se le ocurra especializarse: mejor haber escrito un trabajito breve, liviano y puramente descriptivo sobre vecindad civil, otro sobre el canon digital, otro sobre la venta de cosa futura, otro sobre el fideicomiso de residuo y otro sobre la hipoteca inversa, que haber dedicado varios años de su vida a aportar a la comunidad científica la obra que faltaba sobre usufructo de acciones. Naturalmente, si las hazañas del postulante se ven además trufadas de turismo académico, certificados de asistencia a Congresos Internacionales y cargos de gestión, mejor que mejor. No me cansaré de repetir que ejercer un cargo académico no es un mérito científico, porque quien ha desempeñado un cargo durante ocho años merecerá, por supuesto, que le retribuyan bien, que le organicen una cena homenaje y que le entreguen una placa conmemorativa, pero ocho años de cargo no son ocho libros escritos. Uno pensaba cuando comenzó su carrera académica que los inconvenientes de la misma en forma de falta de retribución se veían compensados con la impagable calidad de vida del investigador, tarea que no tiene horario ni fecha en el calendario, como en la célebre canción. Pero no. ¡Cómo ha cambiado la película! Hasta sucede que en la primera curva de la carrera, a quien quiere ser Profesor Titular de Derecho se le exige –sin que ninguna norma lo diga– que haya dirigido Tesis Doctorales, como si en Derecho civil sucediera como en Ciencias experimentales, donde las Tesis aparecen con frecuencia codirigidas por equipos de investigación entre cuyos miembros hay Catedráticos, pero también profesores en formación…

Y esos son los profesores que aprecia sin pudor el sistema, mientras llega Bolonia. Ese Plan de estudios que ya ha comenzado a fracasar en las Facultades de Derecho que lo han puesto en funcionamiento. Un Plan en el que, a decir del maestro Mariano Alonso, “convertirá la vieja Sedes Sapientiae en lugar donde descansen de sus fatigas mentales los niños de la LOGSE y profesores imberbes se las den de maestros”.

* El presente artículo fue originariamente publicado La Tribuna del Derecho.

** Mariano Yzquierdo Tolsada es catedrático de Derecho civil (Universidad Complutense) y Consultor CMS Albiñana & Suárez de Lezo (Derecho civil y Propiedad Intelectual).